How can undocumented immigrants legally form a union?

The National Labor Relations Act of 1935 guarantees the right to organize for better pay and working conditions, and the Fair Labor Standards Act of 1938 guarantees minimum wage and overtime. These laws apply to most workers in the US— and not only to citizens. Time and again, the courts have interpreted the legal term “employee” to include undocumented immigrants working in the United States. (However, the NLRA does exclude agricultural workers, domestic workers, independent contractors, government workers, and some employers’ relatives.) In addition, the Supreme Court has consistently decided that (with a few exceptions, such as the right to vote or possess firearms) undocumented immigrants in US territory are entitled to the same fundamental constitutional rights as citizens. (For more on immigrants’ legal rights, click here.)

So while it is against the law for US businesses to hire undocumented immigrants, once they have done so, they are obligated by law to treat these employees fairly and pay them all that they are legally owed. States vary as to what legal remedies exist for workers who haven’t been paid minimum wage or overtime. In New York State, for example, the Wage Theft Prevention Act makes it easier for workers to sue for back wages and unpaid overtime.

Despite these protections, labor laws are often not enforced, and undocumented immigrants are vulnerable to exploitation at work and intimidation on and off the job, in addition to the threat of entanglement by ICE. The immigration reform bill passed by the Senate in 2013 included the POWER Act, which would protect employees that speak up about labor law violations from retaliation by their employers and from detention or deportation by the federal government. For more on the POWER Act and related legal and policy issues click here.

The UN’s Universal Declaration of Human Rights declares many labor rights, including equal pay for equal work, a wage that supports “an existence worthy of human dignity,” and the right to form and join a union to protect one’s interests at work.

¿Cómo pueden inmigrantes indocumentados formar un sindicato legalmente?

La Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 garantiza el derecho a organizarse por mejor paga y mejores condiciones laborales, y la Ley de Normas Razonables de Trabajo de 1938 garantiza un salario mínimo y paga por horas extra. Estas leyes le aplican a la mayoría de la fuerza laboral en Estados Unidos—y no solo a ciudadanas y ciudadanos. Una y otra vez, los tribunales han interpretado el término legal de “empleado” como incluyente de inmigrantes indocumentados trabajando en Estados Unidos. (Sin embargo, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, o NLRA por sus siglas en inglés, sí excluye a trabajadoras y trabajadores de la agricultura y del hogar, a contratistas independientes, a trabajadoras y trabajadores gubernamentales y a familiares de algunos empleadores.) Además, el Tribunal Supremo ha decidido consistentemente que (con contadas excepciones, como en relación al derecho al voto o la posesión de armas) inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense tienen derecho a los mismos derechos constitucionales fundamentales que las y los ciudadanos. (Para más información sobre los derechos legales de inmigrantes, a href=”http://www.ilrc.org/for-immigrants-para-inmigrantes/know-your-rights”>entre aquí.)

Por lo tanto, aunque es ilegal que negocios estadounidenses empleen inmigrantes indocumentados, ya una vez lo hayan hecho tienen la obligación por ley de tratar justamente a estas y estos empleados y de pagarles todo lo que por ley les toca. Los estados varían en cuanto a los remedios legales que existen para las y los trabajadores que no han recibido justa paga según el salario mínimo u horas extra. En el estado de Nueva York, por ejemplo, la Ley de Prevención de Robo de Salarios (Wage Theft Prevention Act) facilita que trabajadoras y trabajadores demanden legalmente por atrasos de salario y horas extra no pagas.

A pesar de estas protecciones, las leyes laborales a menudo no se cumplen y trabajadoras y trabajadores indocumentados se encuentran vulnerables ante la explotación laboral y la intimidación dentro y fuera del trabajo, además de la amenaza de buscarse un lío con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La ley de reforma migratoria aprobada por el Senado en 2013 incluye la Ley POWER, la cual protegería a empleadas y empleados, quienes denunciaran públicamente violaciones a las leyes laborales, de represalias por parte de sus empleadores y de detenciones o deportaciones por parte del gobierno federal. Para más información sobre la Ley POWER así como sobre asuntos relacionados de ley y política, entre aquí.

La Declaración Universal de Derechos Humanos declara muchos derechos laborales, incluyendo igual paga por igual trabajo, un salario que conduzca a “una existencia merecedora de dignidad humana” y el derecho a formar y unirse a un sindicato para proteger los intereses de cada persona en su lugar de trabajo.

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